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Tras aquella conversación con Sánchez

Aunque es razonable que mucha gente albergue dudas sobre quin ostenta la mayor responsabilidad poltica en nuestro pas -si el presidente del Gobierno, los independentistas que han facilitado su investidura o los dirigentes de Podemos que le acompaan en el Ejecutivo-, entindanse las siguientes reflexiones dirigidas a quien legalmente est al mando, que es el jefe del Gobierno central. Ninguno de mis posicionamientos le resultarn novedosos, pero creo conveniente reiterarlos con prontitud y claridad en este momento, a mi juicio uno de los ms crticos de nuestra historia democrtica.

De forma general, lo que pienso al respecto de la situacin que vive nuestro pas se lo traslad el pasado da 17 de diciembre al entonces candidato Pedro Snchez en conversacin telefnica. Como dije posteriormente el tono fue cordial, aunque la brevedad de los quince minutos de charla impidi profundizar en los asuntos abordados. En todo caso, adems de plantearle a quien hoy ya es presidente los problemas pendientes de Galicia -como el calendario nuevamente incumplido del AVE y de todas las autovas pendientes, o la grave crisis industrial provocada por decisiones energticas improvisadas que ponen en riesgo el futuro de 5.000 familias-, aprovech para expresarle dos temores. El primero es que la crisis territorial difcilmente podr resolverse si se mantiene la deuda del Gobierno con las comunidades autnomas (2.500 millones, 370 en el caso gallego). El segundo, las consecuencias que puede tener para la Espaa de las autonomas asociarse o pactar con quienes quieren precisamente socavarla y as lo proclaman.

Pese a la desconfianza en que el nuevo Gobierno vaya a ser til para Espaa, quiero reconocerle en primer lugar su legitimidad: es mi Gobierno, como lo es para el conjunto de espaoles, con independencia de que me guste ms o menos. Sin embargo, debo trasladar igualmente que los acuerdos que han trascendido no hacen ms que incrementar la inquietud. Intranquiliza tanto lo que se ha plasmado en los pactos como lo que se omite, tanto lo que se da a entender como lo que se presta a interpretaciones contradictorias. Esa confusin deliberada en el mejor de los casos abrira la puerta a polticas dainas para el Estado de las autonomas, y en el peor ocultara objetivos calculados e irreversibles.

Daar el Estado autonmico o someterlo a un cuestionamiento permanente equivale a poner en riesgo a las comunidades que lo forman y, lo que es mucho ms importante, a los ciudadanos que viven en ellas, incluidos los gallegos a los que represento. De ah que haya optado por prolongar aquella conversacin telefnica con estas reflexiones que hago en mi doble condicin de presidente de la Xunta y representante ordinario del Estado en la comunidad gallega, y que espero poder trasladar prximamente al presidente y a los principales responsables de la poltica territorial en Espaa. A mi modo de ver, dos son las premisas nocivas sobre las que el actual Gobierno central y sus socios pretenden asentar lo que llaman «dilogo territorial». La primera es considerar que las comunidades autnomas forman parte de las negociaciones de investidura, bien a travs de determinadas formaciones, o bien como destinatarias de medidas acordadas. Es una anomala inaceptable permitir que un partido concreto se arrogue la representacin de toda una comunidad (o incluso de otra limtrofe) y tambin lo es que el candidato a presidir el Gobierno distinga los servicios que va a prestar a los ciudadanos o las inversiones que va a hacer en un lugar o en otro en funcin de los apoyos.

Semejante comportamiento ya es reprobable cuando los partidos con los que se negocia tienen apoyos de cierta importancia numrica en las comunidades respectivas, pero resulta inadmisible cuando las prioridades de territorios completos se someten a formaciones que son totalmente minoritarias en ellos. Cmo puede llegar el Gobierno a la conclusin de que una de las prioridades de Galicia es el reconocimiento de su sentimiento nacional, tal y como figura en uno de los acuerdos firmados para alcanzar la investidura? En qu proceso electoral de cualquier ndole el pueblo gallego ha expresado su inters mayoritario en ello?

Al margen de esas contraprestaciones injustificables, tambin hay que referirse a otras de mucho mayor alcance que afectan a la mdula de la Espaa autonmica. Ni la bilateralidad que desborda las mesas sectoriales, ni esa prometida adecuacin del Estado a las exigencias independentistas, ni mucho menos el surtido de nuevas naciones que se baraja, tienen encaje en el marco poltico acordado por todos. Lo ms curioso es que con estas onerosas cesiones no se garantiza la estabilidad del modelo, ni la lealtad constitucional, ni siquiera una legislatura sin sobresaltos, sino tan solo una investidura.

La segunda premisa perniciosa consiste en disfrazar como conflicto poltico delitos contra el Estado y, por ende, contra el conjunto de los ciudadanos que lo conformamos. La traduccin prctica de esta decisin tan equivocada es que se pretende emprender la reformulacin autonmica a espaldas de la inmensa mayora de los ciudadanos espaoles que no somos independentistas. Y para justificarlo se lanzan mensajes confusos a sabiendas porque el mal llamado conflicto poltico no tiene su origen en el sistema autonmico, sino en quienes quieren derogarlo al ser un obstculo para sus pretensiones.

Est ah agazapada una divisin de las autonomas que sera claramente un agravio comparativo que no debe permitirse y que adems es contrario a los principios de igualdad reconocidos en la Constitucin. De un lado, una primera divisin de comunidades a las que se reconoce un supuesto conflicto poltico o que amenazan con desatarlo, y de otro las dems. Segn este esquema y a pesar de la proclamada vocacin social del nuevo Gobierno, su ejercicio dependera del grado de conflictividad en cada territorio y no de necesidades objetivas y evaluables de los ciudadanos, con independencia del lugar en el que vivan.

Pues bien, Espaa no puede permitirse tener un Gobierno en el que ejercer el nacionalismo ms insolidario se perciba como un buen negocio. No puede permitirse que el chantaje de unos pocos pese ms que las necesidades sociales y econmicas de la mayora de espaoles. No puede permitirse que la precariedad parlamentaria del Ejecutivo se priorice por encima del dao que se pueda hacer a nuestro pas. No puede permitirse que tenga ms el que ms grite. No puede permitirse que la agitacin y el incumplimiento de las leyes sea el camino ms corto para lograr compromisos e inversiones. No puede permitrselo porque no es justo para los ciudadanos pero porque tampoco sera inteligente: un Gobierno dbil ante los independentistas no solo reforzar sus posiciones sino que dar alas a los que empiezan a ver en ellos un modelo a seguir.

Esta combinacin de un Gobierno hipotecado y unos nacionalismos que olvidaron la lealtad institucional y se han convertido en independentismo, puede conducir a una crisis de dimensiones incalculables del modelo territorial, que por supuesto siempre es susceptible de mejorar, pero que ha funcionado razonablemente bien. Sin un Gobierno central que lo reivindique y unas autonomas que lo defiendan, la igualdad y la solidaridad constitucionales quedaran sometidas al doble acoso extremo de los partidarios de la autodeterminacin y la independencia, y de los que propugnan un centralismo uniforme e intransigente que nunca se ha dado en nuestra democracia y que tampoco fue el pactado durante la Transicin.

Soy el representante democrtico de Galicia y hablo por ello en nombre de un pueblo que es plural, pero cuyo apoyo y respeto al modelo autonmico actual es ampliamente mayoritario. Galicia ha dicho «no» a los nacionalismos de forma reiterada cada vez que se le ha preguntado en las urnas. Somos ejemplo de que es compatible ser nacionalidad histrica y mantener una lealtad exquisita al conjunto de la Nacin de la que formamos parte y a la Constitucin que garantiza su unidad. Ser gallegos es nuestra forma de ser espaoles. He ah el motivo de estas consideraciones que coinciden en lo esencial con las que han realizado presidentes de otras comunidades y con militancia poltica diversa.

Resolver el problema que ha creado en Catalua el independentismo trasladando al conjunto de Espaa la fragmentacin, el radicalismo y las polticas aventureras que en esa tierra hermana proliferan, no es una buena receta. No es el Estado, obligado a velar por todos, el que debe adaptarse a quienes no quieren ninguna adaptacin, sino al revs. Dicho de otro modo, a aquellos que nos quieren persuadir de que la nica salida al atolladero de la poltica catalana sera un estatus diferencial y exclusivo para Catalua, que suponga a la postre privilegios de unos espaoles sobre otros, debo decirles que desde luego a m nunca me van a convencer. Si se pretenden establecer unas nuevas reglas de juego en la poltica autonmica en las que predomine la asimetra y el privilegio y la inhabilitacin sean un mrito, la postura de Galicia es muy clara. Aseguro con rotundidad que la Xunta prefiere un marco dominado por la legalidad, la lealtad institucional, la cortesa en las formas, el multilateralismo, la atencin a los problemas reales de los ciudadanos vivan donde vivan y la solidaridad entre comunidades. As lo hemos demostrado siempre, incluso en los momentos ms difciles. As se lo di a entender al presidente del Gobierno en nuestra escueta conversacin telefnica. Y as lo reitero ahora.

Si eso no fuera posible, si se escoge otro camino, aseguro con la misma rotundidad que resignarse, callar y aceptar agravios comparativos, no ser una opcin. Galicia no ha querido nunca, ni quiere, ni querr ser ms que nadie, pero tampoco aguantar ser menos porque todos los espaoles somos y debemos seguir siendo iguales. Por eso, el Gobierno de Espaa, de toda Espaa, debe saber que Galicia velar por que esa igualdad se preserve y, si se viese amenazada, se defender con todos los medios posibles que nos da la Constitucin en la que nosotros s creemos.

  • Alberto Nez Feijo es presidente de la Xunta de Galicia.

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