/Procesan a ex dirigentes de UGT de Andalucía por defraudar 40,7 millones de euros en facturas falsas

Procesan a ex dirigentes de UGT de Andalucía por defraudar 40,7 millones de euros en facturas falsas

El juez de Instruccin nmero 9 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernndez Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, segn la informacin remitida en un comunicado por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluca (TSJA). En esta resolucin se concluye que «el cmputo global de las cantidades defraudadas» en los expedientes de subvenciones concedidas por la Direccin General de Formacin de la Consejera de Empleo de la Junta de Andaluca a la organizacin sindical en los que se ha contado con la informacin documental necesaria «asciende a 40.750.047,74 euros».

En un auto fechado el da 3 de diciembre, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscala y a las acusaciones personadas para que, en el plazo comn de 20 das, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusacin o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la prctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusacin.

En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organizacin y ex secretario general del sindicato Francisco Fernndez Sevilla; el que fuera secretario general de Administracin de UGT-A; la secretaria de Gestin Econmica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a travs de las empresas que representaban.

Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas. En concreto, archiva la causa respecto a siete de ellas al entender que, «valorando en su conjunto los indicios aportados en la instruccin practicada, no puede deducirse la existencia de acreditacin suficiente de comisin de delito que permita al respecto el dictado de la resolucin» que prev el artculo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De igual modo, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero en este caso dada su «situacin de incapacidad sobrevenida», tal y como puso de manifiesto el informe mdico forense emitido el pasado 17 de mayo.

El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, «se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una va de financiacin para la prctica de sus actuaciones propias», aadiendo que «la utilizacin de estos instrumentos supona la aplicacin de los fondos recibidos a travs de subvenciones pblicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberan haber tenido», como es «la prctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones pblicas que eran otorgadas por la Direccin General de Formacin de la Consejera de Empleo de la Junta de Andaluca».

Segn asevera el juez, «en la consecucin de aquellos fines fraudulentos de financiacin era precisa la implicacin de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formacin, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato».

Seguidamente, el magistrado analiza «las tcnicas utilizadas para este objetivo ilcito», como son el mecanismo llamado ‘rappel’, «por el que el sindicato se beneficiara de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administracin que otorgaba la correspondiente subvencin completa», o el mecanismo denominado ‘bote’, sistema por el que UGT-A «se financiara con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas» que «no corresponderan a servicio prestado alguno» pero que «eran imputadas a programas subvencionados».

Como tercera «va de financiacin fraudulenta», el juez seala que el sindicato «habra efectuado la cesin en usufructo de locales de su propiedad» a la sociedad mercantil Soralpe I Mas P Asociados S.L. -de la que UGT-A era socio nico- «mediante contratos elevados a pblico entre dichas empresas». As, se trataba de un «mecanismo fraudulento orientado a la obtencin de fondos con cargo a subvenciones mediante la organizacin de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formacin, que no generaban realmente un gasto».

En este punto, explica que, «tras la concesin de la subvencin para acciones formativas, UGT-A las materializaba a travs de su entidad vinculada IFES», agregando que, «en tanto que, segn normativa autonmica, entre los gastos que pueden subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas utilizadas en el desarrollo de la accin formativa, si los locales en los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de UGT-A, su utilizacin en realidad no generara ms gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento», pero, en este caso, «tras la cesin en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta ltima proceda a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable».

El magistrado considera que, «en el desarrollo de esta mecnica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor» del investigado Federico F., secretario general de Administracin, «que serva de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecnica», una labor en la que adems «contaba con el apoyo directo» del ex vicesecretario de Organizacin y ex secretario general de UGT-A Francisco Fernndez Sevilla; de la secretaria de Gestin Econmica y de la responsable del Departamento de Compras.

Al hilo de ello, el instructor precisa que, «para la ejecucin de dicha labor defraudatoria, adems de la colaboracin» de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, «prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminacin del fraude urdido por los dirigentes» del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes «se prestaron a dicha actuacin fraudulenta por medio de la falsificacin oportuna de la documentacin mercantil utilizada para la justificacin a presentar en los diferentes expedientes de subvencin».

A continuacin, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones analizados en este procedimiento, precisando que, «para la cuantificacin de los importes defraudados en cada expediente», se parte de las conclusiones del informe pericial emitido por un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la documentacin obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe emitido a instancias de la defensa del investigado Francisco Fernndez Sevilla.

«El cmputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la informacin documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros», pone de manifiesto el juez en el auto notificado este mircoles a las partes personadas en el procedimiento y contra el que cabe recurso.

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