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Por un acuerdo de unidad constitucional

Jueves,
19
diciembre
2019

21:45

Si Snchez se obstina en complacer al separatismo a cambio de su investidura, la degradacin institucional ser irreversible. Es el momento del dilogo con los leales a la Constitucin

JAVI MARTNEZ / EL MUNDO

La democracia espaola cuenta con enemigos que anhelan destruirla, pero la Unin Europea no se encuentra entre ellos. Sus enemigos siguen siendo los mismos que en septiembre y octubre de 2017, advertidos por todas las instancias polticas y judiciales, inspirados por una ideologa supremacista que se niega a convivir con quienes no asuman el dogma excluyente de una identidad mitificada, decidieron desencadenar el ataque contra el orden constitucional ms grave desde el 23-F. Realizando una interpretacin torticera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, los independentistas creen haber alcanzado la impunidad judicial y la amnista moral, pero eso no es ni ser posible.

Espaa atraviesa ciertamente un momento muy delicado. No cabe negar el dao que la decisin del TJUE inflige al prestigio del Alto Tribunal. Pero es precisamente ahora cuando la nacin reclama el sentido de Estado que los partidos constitucionalistas han demostrado en los mejores momentos de nuestra historia reciente. Si Snchez se obstina en complacer al separatismo a cambio de su investidura, la degradacin institucional ser irreversible. Es el momento del dilogo, s: del dilogo con los leales a la Constitucin para contestar desde la unidad al desafo redoblado del secesionismo.

A nadie se le oculta que el momento es de una enorme gravedad. Podemos demorarnos en lamentos estriles respecto de la torpeza en que pudo incurrir el Supremo cuando elev la consulta a Luxemburgo sin detener el proceso judicial en marcha, pues a Junqueras ya se le haba abierto juicio oral cuando adquiri la condicin de europarlamanterio. Marchena buscaba conciliar el garantismo de un Estado de derecho europeo con el castigo penal exigido por la intentona golpista. Podemos -y debemos- deplorar el fraude de ley por el que un poltico en trance de ser sentenciado concurre a las elecciones no para representar a los ciudadanos, sino para obtener el privilegio del aforamiento y tratar de burlar la ley.

Pero ms all de fraudes y desaciertos, conviene recordar que la sentencia del TJUE se refiere a una medida cautelar -la prisin provisional- que ya extinguida, pues Junqueras ha sido juzgado. De modo que no tiene por qu tener efectos prcticos sobre el lder de ERC, sobre quien pesa ya una condena en firme del Supremo y una pena de inhabilitacin para cargo pblico. La situacin de Puigdemont, en cambio, prfugo de la Justicia y electo en los mismos comicios, es ms compleja, pero el TJUE deja abiertas vas para evitar la impunidad del cabecilla del golpe si cruza la frontera.

La eufrica reaccin del independentismo ha sido todo lo previsible que caba esperar. Su propaganda trata de convertir un pronunciamiento tcnico sobre una cuestin formal en una exculpacin, una enmienda general a la Justicia espaola decretada por una instancia superior. Pero no es eso lo que ha ocurrido, y bastara que el Parlamento Europeo concediese el suplicatorio para que Puigdemont fuese entregado a Espaa y juzgado aqu por sus graves delitos contra la democracia. Los tribunales europeos son tribunales espaoles porque, a despecho de lo que alienta el populismo eurfobo de raz nativista, la Espaa constitucional no se entiende sin Europa ni la idea de Europa sin la histrica aportacin de Espaa.

Ahora bien, en el plano poltico las consecuencias de esta sentencia complican mucho la investidura de Snchez. l mismo es el culpable de que se aleje la posibilidad de ser investido, pues opt por ponerse en manos de un partido enemigo de la racionalidad jurdica y la separacin de poderes como ERC, que ha anunciado la ruptura de las negociaciones con el PSOE hasta que la Abogaca del Estado se pronuncie a favor de la liberacin de Junqueras. Es decir, est exigiendo que el Gobierno en funciones traicione al Estado.

Ante semejante rdago, Carmen Calvo ha adoptado una vez ms la tcnica del avestruz, relativizando la humillante reclamacin de sus socios separatistas. No quiere entender el PSOE que aunque Snchez fuera investido, la legislatura nacera muerta, condenada a la inestabilidad, sometida al albur perpetuo de la pugna entre Puigdemont y ERC que, tras la inhabilitacin de Torra, ms pronto que tarde se dirimir en las urnas.

A menudo las situaciones crticas esconden una oportunidad para el genuino liderazgo. En este sentido, el PP de Pablo Casado goza de una ocasin histrica para demostrar su compromiso innegable con la pervivencia de la democracia del 78, hoy amenazada por la nueva acometida de un separatismo envalentonado. Casado puede ahora tomar la iniciativa en aras del inters general. Es el momento de la alta poltica. El momento de sacar a Espaa del callejn sin salida en que el plan de Snchez la ha metido. Es hora de que Snchez enderece el rumbo, aunque lo haga forzada por la necesidad y no por la virtud. Si queda un rastro de responsabilidad en el candidato propuesto por el Rey y se aviene a rectificar, debe encontrar la mano tendida de la oposicin para armar el gran acuerdo de unidad constitucionalista que la inmensa mayora de los espaoles est pidiendo a gritos.

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