/La víctima del ex marido de Mónica Oltra admitió a la Policía que tenía miedo de denunciar por su influencia

La víctima del ex marido de Mónica Oltra admitió a la Policía que tenía miedo de denunciar por su influencia

Todo el mundo en el centro de menores saba que Luis Eduardo Ramrez era familiar de la consellera de Igualdad y Polticas Inclusivas, vicepresidenta del Gobierno valenciano y lder de Comproms, Mnica Oltra. Bajo su responsabilidad, desde junio de 2015, se encuentra la gestin de los centros de menores pblicos y concertados, como era el caso del centro que regenta la Fundacin Diagrama en un barrio de Valencia y en el que trabajaba su ahora ex marido, condenado a cinco aos de prisin por abusos sexuales a una menor de 13 aos.

Se trata del caso ms grave de los conocidos hasta ahora, pero ha habido otras polmicas. De hecho, el Partido Popular se pregunta por qu la Abogaca de la Generalitat no se person en este caso cuando s lo hizo en otro que afect a una residencia gestionada por una congregacin religiosa en Segorbe (Castelln), que se acab cerrando de manera irregular, y ha pedido una comisin de investigacin parlamentaria sobre la situacin de los centros de menores en la Comunidad Valenciana, sealando directamente lo que los populares considera una «distinta vara de medir» por parte de la vicepresidenta de la Generalitat.

En el caso de la condena a su ex marido, la vctima de la que la Audiencia Provincial considera que abus conoca el parentesto y estaba atemorizada. «Relata que un monitor, un tal D. del cual no quiere decir ms datos y del que le cuesta hablar por el temor que este les suscita que tiene un familiar que es un cargo importante dentro de una Conselleria y que la misma sale por la tele, hace aproximadamente 2-3 meses abus sexualmente de ella consistiendo los hechos: que una noche mientras este pensaba que estaba dormida procedi a cogerme la manos y hacerse una gayola», recoge una ‘nota informativa’ de la Polica Nacional el 22 de junio de 2017 que da origen al proceso judicial. Ni el centro ni los psiclogos de la Conselleria activaron ningn protocolo ante la Fiscala de Menores, como recoge con sorpresa la Sala Segunda de la Audiencia Provincial en su sentencia.

La vctima relat los hechos ante la insistencia de otra menor, a la cual acompaaban los policas al centro del que se haba escapado. Hasta ese momento, slo haba sido capaz de contrselo al que entonces era su novio. Tutelada desde los cuatro aos y declarada en desamparo a los 14, su padre se hallaba en prisin y su madre no poda hacerse cargo de ella. En su dificultad para denunciar los abusos, el tribunal vuelve a considerar la relacin del educador con el alto cargo. «Cabe aadir la circunstancia de que efectivamente el acusado mantena, al parecer, en la fecha de los hechos una relacin de parentesco con un alto cargo de la Generalitat, algo que era conocido por todos en el centro, lo que representaba para la adolescente una dificultad aadida a la hora de formular la denuncia ante el temor de no ser creda«, recoge el fallo.

La actitud de la directora

La sentencia no considera que la menor haya usado el grado de notoriedad del familiar del educador para obtener «una ventaja» para abandonar el centro y ser acogida por la familia de su novio, «porque de haber sido ese su inters podra haber denunciado a otros educadores o hechos ms graves», asegura el tribunal, que considera que su testimonio fue corroborado perifricamente durante el juicio.

Pudo afectar la relacin familiar con la consellera al trato dado al educador? El tribunal no entra en detalle, aunque deja claro que le «llama la atencin» el hecho de que la directora del centro «una vez recibida la noticia de los presuntos abusos, no preguntara a la menor sobre tales episodios sino tan solo por las razones por las que quera abandonar el centro», tal y como relat durante su testimonio en la vista.

Lo cierto es que el educador fue apartado durante la investigacin interna, pero poco despus volvi al centro a trabajar en una planta diferente porque no se haba dictado contra l ninguna medida preventiva y se encontraba en situacin de libertad provisional.

S que fue ordenado por parte de la Generalitat el traslado de la menor a otro centro de acogida, pero acab ingresando en un centro de correccin al tener abierta una causa judicial por robo. De hecho, acudi al juicio esposada y llorando, lo que supuso un tirn de una juez a la Polica por la «doble victimizacin» a la que estaban sometiendo a la adolescente, a la que pidi disculpa que declar oculta tras un biombo.

Pudo actuar la Generalitat apartando al educador e interviniendo en el centro? Segn explic la propia Mnica Oltra, no. Cuando los centros no son pblicos, la Conselleria no puede actuar. Es el problema de tener un sistema de proteccin de menores mayoritariamente privatizado, de no contar prcticamente con centros de gestin pblica, explic al da siguiente de celebrarse la vista oral. Cuando esto pasa en un centro pblico, la Generalitat puede, con el consentimiento del trabajador si tiene la plaza, trasladarle a otro destino, pero cuando pasa en un centro privatizado la gestin de personal no depende de la Conselleria, explic.

Poco antes de que se destapase la acusacin a su ex marido en el centro de Valencia, a principios de mayo de 2017 Oltra orden el cierre y traslad a todos los menores del Centro de Menores «Nuestra Seora de la Resurreccin» de Segorbe (Castelln) e hizo pblico en una comparecencia en las Cortes Valencianas que en ese centro se haba despedido a un tutor por suministrar droga y por supuesto abuso sexual a una menor, adems de denunciar el maltrato a los menores con duchas fras, con falta de productos de higiene y de comida.

Durante un debate parlamentario, la vicepresidenta Oltra sorprendi por el dursimo tono empleado para describir, con pelos y seales, las malas prcticas que la Fiscala y la Administracin haban detectado en la residencia de Segorbe. Para responder a las acusaciones de la oposicin, que la acusaba de prejuicios religiosos, la consellera cit prrafos enteros de informes internos en los que los jvenes internos decan respecto a un educador: «Si no consientes, vas a seguir chupando pollas toda la vida».

Este centro acab cerrando porque la congregacin no obtuvo la renovacin del contrato de gestin. En el entorno de Oltra niegan que se decretara el cierre. Sin embargo, una reciente sentencia de la seccin Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que la Conselleria de Oltra vaci el centro de acogida sin permitir que las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia pudieran defenderse como corresponda. Segn el fallo, que ha sido recurrido por la Generalitat, «se priv a la parte actora de toda posibilidad de defensa, sino que tampoco colabor la Conselleria con la institucin autonmica que es el Sndic de Greuges». Adems, el supuesto abusador fue absuelto de todos los cargos.

Oltra, sin embargo, quiso el pasado 8 de noviembre sealar las diferencias que, a su juicio, existen con el caso de Castelln: Estn bsicamente en la actuacin del centro. En el caso de Segorbe el centro no inform, sino que los hechos se conocieron posteriormente a travs de una profesora, subray. En este sentido, cont de que, al conocer los hechos por los que se condena a su ex marido, la Conselleria de Igualdad tras analizar el protocolo vigente en estos casos remiti una instruccin a todos los centros en la que se orden informar inmediatamente a la Fiscala de Menores y a la direccin territorial ante cualquier sospecha. La instruccin enfatizaba en informar a la Fiscala porque es a quien corresponde valorar las posibles actuaciones cautelares y otras medidas, agreg.

Preguntada sobre si hasta entonces -septiembre de 2017- no se avisaba a la Fiscala, la vicepresidenta aclar que hasta entonces no exista una orden que dijera esto con la misma claridad. Se actuaba pero la transmisin de la informacin se haca en diferido, no inmediatamente, que es lo que claramente se ordena a los centros a raz de este caso, subray.

Adems, insisti en que la conselleria no puede apartar a un educador de un centro concertado. La Conselleria no apart a nadie en el caso de Segorbe. Fue el centro despidi al educador y, a cambio de no pagarle la indemnizacin, no le denunci a la Fiscala, lo que la consellera censura. A diferencia de lo sucedido en Segorbe, el centro valenciano activ el protocolo de sospecha, apart temporalmente al trabajador e inform a la direccin territorial, insisti Oltra.

La sentencia del caso, sin embargo, s seala la actuacin de la directora del centro, por no preguntar a la menor por los abusos, e incluso a la psicloga de la Seccin del Menor de la Direccin Territorial de Igualdad, que mantuvo una entrevista de 45 minutos con la adolescente en la que realiz «preguntas abiertas» y «no le pregunt directamente sobre si haba sufrido abusos», recoge el tribunal.

«Al igual que en el caso de la directora del centro, no deja de sorprender el hecho de que no solo no preguntaran a la nia por los presuntos abusos, sino adems, que no se diera cuenta a la Fiscala de Menores de los mismos», firma el tribunal.

Otra de las diferencias es la no personacin en este caso de la Abogaca de la Generalitat para defender los intereses de la menor, algo que s ocurri en el caso de Segorbe. De hecho, es el Ministerio Fiscal quien, ante la sorpresa de no comparecer en el caso la Generalitat, como tutor de la menor, modifica sus conclusiones para aadir la peticin de responsabilidad civil, cifrada en 6.000 euros que el condenado tendr que abonar al representante legal de la menor en concepto de indemnizacin.

Oltra no ve responsabilidades polticas

La vicepresidenta ha negado este martes que exista una doble vara de medir tras la sentencia que condena a cinco aos de crcel a su ex marido respecto a la actuacin seguida en el centro de Segorbe y ha negado asimismo que haya responsabilidades polticas que puedan dirimirse en una comisin de investigacin parlamentaria porque se trata de la actuacin individual.

Oltra ha asegurado que «siempre» est disponible para dar explicaciones en las Cortes, pero que la situacin del centro de Valencia es «completamente diferente» a la del de Segorbe, donde el centro pact con el educador acusado tambin de abusos «despedirlo sin indemnizacin a cambio de no denunciarlo ni de informar ni a la Fiscala ni a la Conselleria».

«Esto no tiene nada que ver con el centro de Valencia, que s que reacciona, pone en marcha el protocolo, abre una investigacin y aparta al trabajador mientras tanto, y avisa a la Conselleria, que enva una persona para evaluar la situacin», ha concretado Oltra, que ha apuntado que «ante el resultado de esta evaluacin se decide que, en principio, no habr ms actuaciones».

Oltra ha sealado que cuando «Fiscala y los servicios centrales de Conselleria, el rgano directivo, tienen conocimiento de estos hechos se deriva a la nia a la Fundacin Espill, especializada en abusos sexuales, y el resultado es el mismo que en las dos intervenciones anteriores» y «luego ya est toda la parte judicial».

Del mismo modo, ha descartado responsabilidades polticas en este caso porque «las responsabilidades polticas se derivan de actuaciones polticas errneas, no de actuaciones individuales como en este caso». As, ha apuntado que ha habido «una condena por la actuacin de una persona en un centro privado y la responsabilidad es de la persona que en este caso ha sido condenada».

Oltra, que ha sealado que no ha tenido acceso a la sentencia sino solo a lo que de ella se ha publicado, tambin se ha pronunciado a la peticin del PP de que explique por qu la Abogaca de la Generalitat no se ha personado en este caso y s en otros como Segorbe.

En ese sentido, ha sealado que ante una sentencia «se renen y lo primero que se escucha es el criterio tcnico«. A partir de ah, «se adopta una decisin muy basada en el criterio tcnico, como en este caso, en el que la Abogaca entiende que la sentencia se debe recurrir».

Oltra ha comentado cuando en el pasado la Conselleria, dirigida por el PP, recurra las sentencias que le condenaban por no cumplir con la Ley de Dependencia «s que hubo una decisin poltica de retirar esos recursos porque «entendimos que tenamos que cumplir con nuestra obligacin». «Pero de normal, y en esta etapa desde luego, sobre todo se basan en criterios tcnicos», ha comentado.

Asimismo, ha considerado correcta «en principio» la actuacin de la direccin del centro «salvo la cuestin de no haber puesto el hecho inmediatamente en conocimiento de la Fiscala de Menores». A raz de ah, ha apuntado que se dict una instruccin a todos los centros recordando que la legislacin establece que estos casos deben comunicarse inmediatamente a Fiscala con independencia del resultado de las evaluaciones de los profesionales.

Oltra ha confiado en que con esta medida se haya clarificado cmo actuar ante estas situaciones, pero no ha descartado una nueva instruccin si fuera necesario.

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