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La Generalitat obliga a bancos y fondos a renovar alquileres sociales

Actualizado
Lunes,
23
diciembre
2019

18:22

Dicta que los grandes propietarios alarguen los contratos a siete aos y arrienden tambin a okupas en situacin vulnerable


El consejero Calvet y la portavoz Meritxell Bud esta maana.
EFE

Quedaba una laguna en la ley antidesahucios de 2015 de la Generalitat, de cita ineludible para las plataformas de afectados que la promovieron. La norma dispone que entidades financieras y sociedades de gestin de inmuebles deben ofrecer arrendamientos reducidos a los bajos ingresos de los habitantes del piso antes de instar el desahucio si no pueden costear el pago de la hipoteca o el alquiler, pero no estipula que deban renovarse una vez venzan. Los llamados alquileres sociales estn expirando o estn a punto de hacerlo, y los hogares que los rubricaron por acreditar ingresos insuficientes topan a menudo con que las corporaciones que se han convertido en sus caseros -con frecuencia, fondos de inversin a los que los bancos han vendido su cartera inmobiliaria- no les alargan la estancia.

La Generalitat ha aprobado este lunes un decreto que establece ahora la obligacin de que bancos, fondos y filiales amplen siete aos ms los alquileres con cuotas por debajo de mercado, siempre que los servicios sociales avalen que la familia contina en la misma necesidad que propici que se les concediera alojamiento a precio asequible. De tratarse del primer contrato para personas incapaces de sufragar un prstamo hipotecario o un alquiler de mercado, la duracin del acuerdo se dilata de tres aos a cinco (en el supuesto de arrendadores particulares que tengan ms de 15 propiedades) o siete aos (en caso de entidades), adaptndose a las nuevas previsiones de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Afianzando la exigencia de prolongar los alquileres, la Generalitat trata de frenar una nueva ola de desalojos, que ha empezado con rdenes de desahucio a familias que haban dispuesto de alquileres sociales. Los colectivos de defensa del derecho a la vivienda las intentan frenar, incluso reocupando los domicilios de llegar a ejecutarse la expulsin.

A su vez, el Govern formaliza que los grandes propietarios tienen que otorgar tambin un alquiler asequible por siete aos a quienes estn okupando de modo irregular una vivienda desde hace ms de seis meses cuando el decreto entre en vigor y posean un informe social que corrobore que sufren pobreza. El decreto queda pendiente de ser ratificado en el Parlament, lo que se cuenta con que ocurra en enero. El bipartito de JxCat y ERC dispone de respaldos para que se implante.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aplaudido las medidas, en las que ha introducido aportaciones tras oponerse al borrador que el Govern redact meses atrs. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca tambin se ha felicitado por los cambios, aunque ha lamentado que no se ampare tambin con el derecho a alquiler social a quienes hayan okupado por necesidad un domicilio en los ltimos meses o lo hagan a partir de ahora.

A su vez, la Generalitat establece sanciones y la posibilidad de expropiar edificios inacabados para incorporarlos al parque pblico de vivienda, que en Catalua se sita por debajo del 2%, lejos del 15% al que se eleva en otros pases europeos. Tambin declara que la vivienda protegida construida sobre suelo pblico mantendr la catalogacin de forma permanente, con lo que desde que el decreto sea de aplicacin no podr ser objeto de venta entre particulares.

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