/El requerimiento de Celaá a Murcia dice que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias es «accesorio»

El requerimiento de Celaá a Murcia dice que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias es «accesorio»

Actualizado
Lunes,
20
enero
2020

17:31

Considera que las instrucciones de la Consejera murciana «vulneran» el artculo 27.1 de la Constitucin, la LOE y el propio currculo autonmico, que las considera obligatorias y evaluables


La ministra de Educacin y Formacin Profesional, Isabel Cela.
Adrian Ruiz-Hierro EFE

El Ministerio de Educacin sostiene que el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formacin religiosa y moral que est de acuerdo con sus propias convicciones es un «derecho accesorio». As lo expresa en el requerimiento que el secretario de Estado, Alejandro Tiana, envi el pasado viernes a la Consejera de Educacin de Murcia (PP) para que retire sus instrucciones de principio de curso, en las que contempla el pin parental de Vox.

El requerimiento, de tres pginas, considera que estas instrucciones «suponen una vulneracin del derecho fundamental a la educacin que reconoce el artculo 27.1» de la Constitucin «al priorizar frente a dicho derecho fundamental a la educacin el derecho accesorio» que, en opinin del Ministerio, asiste a los padres.

El Gobierno se vuelca contra el pin parentalEL MUNDO | FOTO: EFE

El artculo 27.1 recoge que «todos» los alumnos «tienen el derecho a la educacin», pero el artculo 27.3 de la misma Carta Magna contempla que «los poderes pblicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formacin religiosa y moral que est de acuerdo con sus propias convicciones». Ambos son, por tanto, derechos fundamentales.

El equipo de Isabel Cela parece interpretar que el 27.3 se supedita al 27.1, porque prevalece en este caso el inters superior del menor, que tiene derecho a recibir, aunque sus padres no quieran, una educacin «que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democrticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».

Un mes para quitar el pin

La propia Cela, que ha dicho que Murcia tiene un mes para quitar el pin parental antes de que el Gobierno acuda a los tribunales, ha sealado durante una intervencin en Llodio que fue el PP quien en la Lomce «retir» la capacidad de los padres para decidir sobre las actividades que se imparten en los centros educativos a travs de los consejos escolares.

Por otro lado, el requerimiento aprecia «una vulneracin de la normativa bsica estatal», la LOE, en sus artculos 121.1, 125, 128.1, 129, 132, que, en sntesis, vienen a decir que los directores y los profesores son encargados de la programacin general del centro, donde se concretan estas actividades complementarias no extraescolares que son ahora objeto de controversia.

Adems, ve que las instrucciones «contravienen» diversos tratados internacionales ratificados por Espaa, como la Convencin sobre los Derechos del Nio, y «supone establecer mediante un instrumento «carente de eficacia jurdica ad extra (instruccin) una suerte de objecin de conciencia no prevista en la ley, nica habilitada al efecto». Por eso le pide a Murcia que cambie su instruccin y la adecue a la legislacin estatal.

Complementarias: obligatorias y evaluables

Tambin sostiene el requerimiento que las instrucciones aprobadas el pasado verano por la Consejera murciana, en atencin al acuerdo de investidura alcanzado con Cs y Vox, «vulneran» la propia normativa autonmica, pues los currculos de Primaria y de la ESO dicen que las actividades complementarias «sern evaluables a efectos acadmicos y obligatorias, tanto para los profesores como para los alumnos».

«Son los docentes, en el marco de la autonoma pedaggica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para disear las actividades complementarias que consideren convenientes para dar cumplimiento a lo establecido en los currculos correspondientes», dice el requerimiento. «Estas actividades que, segn la normativa autonmica, han de ser evaluables a efectos acadmicos y obligatorias, nicamente tendrn carcter voluntario para el alumnado cuando se realicen fuera del centro o precisen aportacin econmica, por motivos evidentes. En el resto de casos, los alumnos/as debern realizar estas actividades, sin necesidad de conformidad alguna por parte de sus familias».

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno aplique el 155 e intervenga en Catalua, como ha dicho -asegura que con «sarcasmo»- la delegada del Gobierno para la Violencia de Gnero, Victoria Rosell, Cela ha asegurado que «no» se est barajando esta opcin. «Vamos a ir viendo», ha afirmado, para recordar a continuacin que lo que ha hecho el Ejecutivo es enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia con el fin de que «reponga la legalidad y restaure un sistema educativo normalizado».

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