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El Gobierno recurrirá por vía judicial la implantación del pin parental en los colegios

Actualizado
Jueves,
16
enero
2020

16:08

Cela considera que «socava el derecho a la educacin y censura la actuacin de los centros docentes y su profesorado»

Isabel Cela

Isabel Cela, a su llegada a Moncloa el pasado martes para el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Pedro Snchez.
JAVI MARTNEZ

La ministra de Educacin y FP, Isabel Cela, ha advertido este jueves que tiene intencin de recurrir por va judicial cualquier implantacin en las comunidades autnomas del denominado pin parental, que pretende que los padres de los alumnos «tengan que autorizar de manera previa y expresar la asistencia de sus hijos» a las actividades celebradas en los colegios, especialmente las que tienen que ver con el gnero y la diversidad LGTBI.

El Ministerio sostiene que este pin es «contrario» a la Ley de Educacin, a las propias normas autonmicas y a la Ley contra la Violencia de Gnero, al tiempo que «socava el derecho a la educacin», «censura la actuacin de los centros docentes y su profesorado» y «vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado».

«No lo vamos a tolerar, y este Ministerio acudir a los tribunales en defensa de los derechos de todos», ha expresado Cela en una declaracin grabada sin preguntas y difundida por el Ministerio.

La implantacin del pin parental es una de las exigencias de Vox para poder apoyar los presupuestos autonmicos de la Regin de Murcia. Este jueves hay una reunin entre responsables del PP, Ciudadanos y Vox para intentar cerrar la negociacin y, segn ha manifestado el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrn, este acuerdo incluye la controvertida medida. En Ciudadanos explican que el acuerdo no est cerrado an y que su partido se opone a que los padres puedan decidir si sus hijos se salen de las clases de determinadas actividades complementarias dependientes de materias curriculares en funcin de sus contenidos, porque es «ilegal».

En Madrid el pin parental tambin es herramienta de negociacin presupuestaria. El vicepresidente Ignacio Aguado, de Cs, tambin lo ha rechazado porque «en los colegios tiene que haber una educacin reglada que no puede ser arbitraria para las familias».

Pero lo que ocurre en Murcia, segn ha advertido Educacin, es que que las instrucciones de comienzo de curso 2019/2020 «ya recogen la obligacin a todos los centros educativos de imponer esta censura previa para todas las actividades de los centros». Estas instrucciones

El artculo 15.2. de una resolucin aprobada el 29 de agosto de 2019 por la Consejera de Educacin y Cultura seala que de las actividades complementarias que forman parte de la propuesta curricular que vayan a ser impartidas por personas ajenas al profesorado del centro «se dar conocimiento a las familias, adems de por la va o vas que el centro utilice para dar a conocer los centros institucionales, por medio de una relacin detallada que los tutores de los distintos grupos de alumnos facilitarn a padres y madres al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participacin de sus hijos menores en dichas actividades».

El Ministerio de Cela sostiene que «los alumnos tienen la obligacin de asistir a las actividades complementarias programadas por los centros educativos, que adems son evaluables». Si los padres las vetan, aade, «supondra una ‘objecin de conciencia encubierta’ que podra aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislacin espaola».

Este veto, apunta, «colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educacin», adems de «contravenir» diversos tratados internacionales ratificados por Espaa, como la Convencin sobre los Derechos del Nio y la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, as como el Memorndum de la CE contra el Racismo y la Intolerancia, la ley educativa, la legislacin sobre violencia y la norma especfica en materia LGTBI.

La ley educativa, recuerda, «prescribe que son los docentes, en el marco de la autonoma pedaggica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para disear las actividades complementarias que consideren convenientes y dar as cumplimiento a lo establecido en los currculos correspondientes».

El propio Tribunal Constitucional ha sealado en varias sentencias que el derecho a la objecin de conciencia slo existe en casos expresamente contemplados por la Constitucin y por las leyes.

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